Marcha atrás a una demolición cuestionada
Se trata del futuro de la casona de Holdich y Almafuerte donde funciona un centro de contención de menores. El secretario Ciccola corrigió su afirmación del lunes.
La piedra la tiró el lunes el nuevo secretario de Promoción Social, Marcelo Ciccola: la readecuación del Centro de Contención Valentín Vergara exigirá la demolición de la casona que ocupa en calle Holdich y Almafuerte.
De inmediato se encendió una luz de alerta, teniendo en cuenta que el inmueble es parte del inventario patrimonial, no tanto por su valor arquitectónico --que lo tiene-- sino por su valor histórico-cultural debido a que fue vivienda familiar de William Harding Green, histórico gerente del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
Ayer el propio Ciccola corrigió su afirmación apenas tomó conocimiento del carácter patrimonial del bien.
"Si tiene esa calidad lo vamos a respetar. Buscaremos la forma de intervenirlo, pero cuidando lo que sea necesario", explicó a "La Nueva Provincia".
Ciccola insistió sin embargo en asumir que las actuales condiciones del inmueble son "un desastre", asegurando que el mismo resulta "inhabitable".
"Nadie va a derribar algo que legítimamente hay que mantener, pero es necesario mejorarlo porque así no puede seguir funcionando. En ese sentido hay que valorar la decisión de la Provincia de renovar las instalaciones", indicó.
Consecuencias. Conocida la intención del municipio y la Provincia de demoler el inmueble de calle Almafuerte, varias voces se alzaron en contra.
Miembros del interbloque Integración Ciudadana y 8 de Septiembre --Raúl Woscoff y Elisa Quartucci-- elaboraron un proyecto de ordenanza proponiendo que todos los inmuebles del inventario patrimonial deban obtener autorización del Concejo Deliberante en caso de pretender ser demolidos.
En tal circunstancia, el Ejecutivo deberá fundar esa intervención, a partir de lo cual el CD pedirá la intervención de la Comisión Asesora para la Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico e Histórico, así como de las entidades vecinales que correspondan.
También el concejal Carlos Ocaña, titular del bloque radical, presentó un proyecto de resolución solicitando, "ante el anuncio de la posible demolición", que el municipio "se abstenga de otorgar tal autorización".
El edil definió como de "incomprensible y contradictorio" que la comuna, autora de normativas que tienden a preservar su patrimonio, impulse la destrucción de la histórica casona.
El senador provincial José María Zingoni, que participó en 1992 de la elaboración del inventario local de bienes arquitectónicos, alertó que estas intervenciones, realizadas desde el Estado municipal o provincial, generalmente no se ajustan a los requisitos propios de cualquier obra.
"Existe la mala costumbre de que se hagan sin iniciar los expedientes de rigor", explicó. Obviar ese paso impide tener la opinión de las comisiones asesoras, cuyos integrantes detectarían cualquier intervención inadecuada.
Se trata del futuro de la casona de Holdich y Almafuerte donde funciona un centro de contención de menores. El secretario Ciccola corrigió su afirmación del lunes.
La piedra la tiró el lunes el nuevo secretario de Promoción Social, Marcelo Ciccola: la readecuación del Centro de Contención Valentín Vergara exigirá la demolición de la casona que ocupa en calle Holdich y Almafuerte.
De inmediato se encendió una luz de alerta, teniendo en cuenta que el inmueble es parte del inventario patrimonial, no tanto por su valor arquitectónico --que lo tiene-- sino por su valor histórico-cultural debido a que fue vivienda familiar de William Harding Green, histórico gerente del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
Ayer el propio Ciccola corrigió su afirmación apenas tomó conocimiento del carácter patrimonial del bien.
"Si tiene esa calidad lo vamos a respetar. Buscaremos la forma de intervenirlo, pero cuidando lo que sea necesario", explicó a "La Nueva Provincia".
Ciccola insistió sin embargo en asumir que las actuales condiciones del inmueble son "un desastre", asegurando que el mismo resulta "inhabitable".
"Nadie va a derribar algo que legítimamente hay que mantener, pero es necesario mejorarlo porque así no puede seguir funcionando. En ese sentido hay que valorar la decisión de la Provincia de renovar las instalaciones", indicó.
Consecuencias. Conocida la intención del municipio y la Provincia de demoler el inmueble de calle Almafuerte, varias voces se alzaron en contra.
Miembros del interbloque Integración Ciudadana y 8 de Septiembre --Raúl Woscoff y Elisa Quartucci-- elaboraron un proyecto de ordenanza proponiendo que todos los inmuebles del inventario patrimonial deban obtener autorización del Concejo Deliberante en caso de pretender ser demolidos.
En tal circunstancia, el Ejecutivo deberá fundar esa intervención, a partir de lo cual el CD pedirá la intervención de la Comisión Asesora para la Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico e Histórico, así como de las entidades vecinales que correspondan.
También el concejal Carlos Ocaña, titular del bloque radical, presentó un proyecto de resolución solicitando, "ante el anuncio de la posible demolición", que el municipio "se abstenga de otorgar tal autorización".
El edil definió como de "incomprensible y contradictorio" que la comuna, autora de normativas que tienden a preservar su patrimonio, impulse la destrucción de la histórica casona.
El senador provincial José María Zingoni, que participó en 1992 de la elaboración del inventario local de bienes arquitectónicos, alertó que estas intervenciones, realizadas desde el Estado municipal o provincial, generalmente no se ajustan a los requisitos propios de cualquier obra.
"Existe la mala costumbre de que se hagan sin iniciar los expedientes de rigor", explicó. Obviar ese paso impide tener la opinión de las comisiones asesoras, cuyos integrantes detectarían cualquier intervención inadecuada.
