jueves, 16 de junio de 2011

OPINIÓN de un vecino de NAPOSTA sobre la REFORMA del C.P.U.


La reforma del Código de Planeamiento Urbano de una ciudad debe ser un acto de consenso, muy importante para su desarrollo urbanístico equilibrado. En Bahía Blanca, lejos de cumplir esta premisa, ha provocado además un enfrentamiento entre vecinos, profesionales, funcionarios municipales y constructoras que parece profundizarse con el tiempo.

Desde el año 2004 la Sociedad de Fomento del Barrio Universitario alertaba de los inconvenientes con los servicios de agua, cloacas y luz. En el 2007 los mismos se agravaron y las protestas aumentaron. El intendente Dr. Breitenstein junto a sus asesores, principalmente arquitectos, elabora luego del “Corralito Urbano” y sin ningún acuerdo con los vecinos la ordenanza 14.708 que aportó muy poco a la cuestión. Su aplicación, sumada a la “generosidad” del CPU vigente y sus ordenanzas modificatorias agravó aún más el problema.

En el 2009 comienza el trabajo del arquitecto LENZI para reformular el actual C.P.U. buscando, según sus palabras, un consenso entre todos los sectores involucrados. Desde entonces la Comisión Vecinal Interbarrial mantuvo reuniones informales con él y su equipo en las que dejó siempre en claro, entre otros temas, cuál era su interés principal en la reforma: asegurar el control estricto de la intensidad de asentamiento humano en las viviendas multifamiliares mediante la aplicación del índice urbanístico densidad poblacional, cuyo valor debía ajustarse a la historia de los barrios y la capacidad de sus servicios, en concordancia con la Ley Provincial 8912 de Uso del Suelo. Esta práctica fue abandonada en el CPU vigente desde 1991 que eliminó el índice densidad poblacional sustituyéndolo por el FOT, factor que determina la superficie construible.

Para avalar nuestra postura en cuanto a los indicadores urbanísticos adoptados por el Decreto Ley 8912 , nos parece interesante citar a continuación los términos utilizados por el arquitecto Alberto E. Mendonca Paz, Subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el período l976/1980, dentro de cuya actuación se dictó el DL, en el capítulo VII de la obra colectiva “DERECHO Y PLANEAMIENTO URBANO” (Editorial Univesidad, 1983, p.169 y ss.), titulado “El proceso de la planificación urbana en la provincia de Buenos Aires”, donde expresa: “…En lo que atañe a los indicadores para el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo, aparece un principio fundamental que es la integralidad que rige las relaciones entre ellos, es decir, la interrelación entre indicadores y usos.

Aparece aquí como hilo conductor, como leit motiv, la densidad, el hombre, expresado en personas por hectárea……En resumen, para la ley, el verdadero protagonista es el hombre y, expresado a través de la densidad, es el indicador que gobierna y relaciona a los demás. El FOT (factor de ocupación total) es, en cambio, el que vinculado a los índices de hacinamiento, habrá de determinar la volumetría, la morfología del tejido, pero no el regulador de la densidad..” (p.178 y ss.)

Cuando en Octubre de 2010 y sin haber llegado a ningún mínimo acuerdo sobre los distintos temas tratados, la Comisión Vecinal Interbarrial decide elaborar un proyecto alternativo que contenga todas sus propuestas para la reforma. Fue presentado el 10/11/2010, sostiene lo ya explicado en cuanto a la intensidad de ocupación del suelo y agrega otros puntos, todos en consonancia con la Ley Provincial 8912/77. Promueve además el conocimiento exacto del estado en que se encuentra la infraestructura de los servicios de agua, cloacas, luz, gas y otros. A partir de ese momento nunca más nos reunimos.

Como corolario, la aprobación de la reforma del C.P.U. para los barrios Napostá y Universitario sin conocer específicamente el estado de su infraestructura de servicios es irracional. Trasladan el debate al concepto del “nuevo orden” normativo y ocultan lo principal: debía aprobarse porque había que hacer un guiño a los empresarios de la construcción y a los colegios profesionales. Ese fue el mensaje del ejecutivo municipal a los concejales afines y éstos lo “cumplieron sin chistar”.

Finalmente los que esgrimen el argumento de echar la culpa al pasado, olvidan un detalle. Desde el 2003 al presente y con la ciudad administrada por la misma fuerza política nunca se exigió a las prestadoras de servicios públicos (principalmente agua, cloacas y luz) que realicen inversiones en infraestructura, ni siquiera las mínimas necesarias para el funcionamiento adecuado de los servicios.

Walter Daniel FONSECA
Vicepresidente Comisión Vecinal Interbarrial
wfonseca@debahia.com