martes, 11 de noviembre de 2008

Acusación I - Del Secretario de Obras y Servicios Públicos -

UN "CORRAL" CADA VEZ MAS EMBARRADO
Los vecinos aseguran que Valerio es un mentiroso

Residentes en algunos barrios de nuestra ciudad calificaron como de una "actitud patoteril y antidemocrática" los dichos del ingeniero Rubén Valerio, secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna, quien señaló que los vecinos actuaban impulsados por un partido político y deberían mudarse si les molesta que se construyan nuevos edificios en sus lugares de residencia.
La respuesta se realizó mediante un comunicado de prensa emitido por la denominada Comisión Vecinal Interbarrial, conformada por residentes de los barrios Universitario, Napostá, Centro y La Falda, mediante el cual se descalificaron los dichos del funcionario.
Valerio hizo manifestaciones relacionadas con el controversia surgida de una investigación informal realizada por los propios vecinos en obras sin cartel identificatorio o con expedientes aprobados en 2008, que derivó en la detección de permisos de construcción iniciados durante la vigencia de la ordenanza 14.563, que disponía la suspensión de todo trámite de ese tipo.
"Valerio miente cuando dice que estamos motorizados por Integración Ciudadana (el partido político que lidera Raúl Woscoff)", indica la CVI, al tiempo de asumir una "clara actitud antidemocrática" al descalificarlos por estar, supuestamente, relacionados con un partido político, "como si eso fuera condenable".
Por otra parte, la agrupación vecinal calificó de "patoteril" la actitud de Valerio, "al sugerir la posibilidad de abandonar nuestros barrios".
El comunicado calificó, además, como "correctas" las manifestaciones realizadas desde sectores empresariales y sindicales de la construcción, preocupados por la recesión que viene sufriendo el gremio, poniendo en duda, en cambio, la representatividad de Valerio.
"Usted, Valerio ¿a quién representa? Como funcionario público debería defender al ciudadano y al bien común, y ocuparse de encontrar la solución a los problemas de infraestructura. Sin embargo, está a la vista que hace todo lo contrario", señalan.
Por último, la CVI reiteró el hecho de no estar en contra del progreso y la voluntad de ser parte de la discusión del nuevo Código de Planeamiento urbano (CPU), "favoreciendo únicamente el bienestar social de nuestra comunidad".
Sartor prestó declaración En el marco de la denuncia penal realizada por vecinos de los barrios Universitario y Napostá, entre otros, en contra del actual secretario Rubén Valerio y de Marcelo Soteras, ex subsecretario de Planeamiento, el fiscal actuante, Eduardo Quirós, tomó declaración a la concejala de la Unión Cívica Radical, Aloma Sartor.
La edil es autora de la minuta mediante la que se solicitó al Ejecutivo información sobre algunos expedientes de construcción que se habrían iniciado durante la vigencia de la ordenanza 14.563, que dispuso la suspensión de ese tipo de trámites durante 90 días hábiles, a partir del 3 de diciembre de 2007.
Como consecuencia del mismo, varios vecinos presentaron una denuncia penal contra los mencionados funcionarios, por la "supuesta comisión de delitos de acción pública por actos u omisiones individuales o conjuntas que lesionarían, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional".
"Fue más que nada una declaración descriptiva, con una explicación del significado de iniciar un trámite de construcción, los alcances del denominado 'corralito urbano' y otras cuestiones técnicas relacionadas con la materia", indicó al edil a este diario.
Por otra parte, se le explicó que, al ser una causa penal, la misma se basa en un supuesto accionar doloso de los denunciados.
"En relación a eso no tengo elementos que aportar. Yo puedo hacer una descripción de los hechos pero no atribuir errores, si los hubo, o intenciones. Hay una gran diferencia entre detectar un error administrativo y uno en el ámbito penal", señaló Sartor.
Esta semana continuarán las declaraciones de algunos de los vecinos que originaron la causa, al tiempo de comenzar en la Fiscalía el análisis de los expedientes originados durante la vigencia del "corralito urbano", los que les fueron remitidos desde el Ejecutivo municipal.