Desde hace ya unos cuantos días, vastos sectores de nuestra ciudad se encuentran con escaso o nulo suministro de agua potable. Dicho así suena demasiado frío, formal, como una crónica de un periódico. Lo cierto y concreto es que hombres y mujeres, adultos y niños, sin distinción alguna -- bahienses todos ellos--, ven restringido el uso de un bien tan sensible e imprescindible, a la vez, como el agua. Frente a un problema de tal envergadura --el agua potable es un servicio público sanitario esencial a la vida y a la salud de la población--, y con una sociedad que ya no tolera la negación por la negación misma, lo más razonable sería dar muestras de serenidad, reflexión y ejecutividad.
Sin embargo, en conflictos como el presente, con hechos acaecidos y consumados, siempre aparecen las parodias del diagnóstico, o, peor aún, se intenta deslindar la responsabilidad propia, endilgándola al pasado. La realidad erosiona cualquier pretensión de explicar lo inexplicable.
Cuando una persona ejerce funciones de gobierno, debe resolver los problemas de la ciudadanía a la que representa, aquella que lo ha honrado delegándole el poder. De nada sirve vivir culpando al pasado, ténganse o no razones para hacerlo, pues se sobreentiende que, al asumir la función pública, sea ejecutiva o legislativa, se lo hace sin beneficio de inventario. La falta de agua en Bahía Blanca es una crónica de una muerte anunciada.
Desde hace varios años se sabe --existen diversos estudios y proyectos-- de la necesidad de contar con una nueva matriz de agua para la ciudad. Dichos estudios se han focalizado en la viabilidad de fuentes alternativas de abastecimiento. Sin embargo, la captación no es lo único que está en crisis --agravado por la falta de lluvias-- sino que, fundamentalmente, el transporte --acueductos troncales-- y la distribución del agua potable --las redes-- coadyuvan en gran medida, a raíz de las pérdidas y filtraciones inestimables.
El desentendimiento, la falta de inversión, un Estado provincial ausente y la escasa visión estratégica local han llevado al presente estado de situación. Lo cierto es que, como todo dato de la realidad, puede evaluarse desde ópticas diversas. Desde el punto de vista político, la emergencia hídrica evidencia dos cuestiones: por un lado, el escaso peso político específico de nuestra ciudad a la hora de pulsear por recursos esenciales y necesarios para su desarrollo sostenido; por el otro, la falta de una agenda de prioridades "de Estado", concretas y consensuadas, que encolumnen a todos los actores locales en pos de su concreción. Dicho plan debiera ser superador, estar por encima de tal o cual gobierno de turno y tener una proyección mínima de veinte años. Sería "la agenda de prioridades" de la ciudad.
Seguramente, si hoy hubiésemos contado con un "Plan", el orden de prelación hubiese sido inverso. Primero se habrían gestionado las obras de captación, transporte, potabilización y distribución de agua, que habrían permitido la sostenibilidad del servicio --garantía de presión y caudal, continuidad, regularidad, calidad y universalidad-- y, luego, por ejemplo, una obra como el estadio multipropósito, que, si bien genera externalidades en términos culturales, recreativos, etc., no es esencial a la vida y a la salud de la población.
Valga la referencia, pues si bien Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una sociedad del estado provincial, el proyecto o Plan Director de Obras lo aprueba y proyecta el Ejecutivo provincial --así lo establece el marco regulatorio del servicio-- a través del ministerio del área. Precisamente, hacia dicho organismo debieron encaminarse todas las gestiones.
Una gestión que debiera haber sido tenaz, vigorosa, constante, inclaudicable. Sin embargo, hubo todo lo contrario a esto: improvisación, emergencia, coyuntura, falta de información al usuario, restricciones al consumo de la población, presión y caudales paupérrimos, entre otros tantos.
La escasez de agua refleja claramente un defecto de nuestra cultura de gobierno: la falta de planificación y de proyectos de corto, mediano y largo plazo. Algo arraigado en lo más profundo de la nación, que no es patrimonio único de un gobierno determinado; pero no por ello debe dejar de soslayarse. Bien podría resumirse en aquella expresión popular de "atado con alambre". Es decir, se brindan pequeñas soluciones de forma --y no de fondo-- a problemas estructurales y complejos.
Retomando la idea de la agenda prioritaria local, el ámbito de discusión y consenso, la caja de resonancia, debiera ser, sin dudas, el órgano deliberativo --Concejo Deliberante--, órgano político por excelencia. Allí se encuentran representados los diversos sectores de la ciudadanía, mayorías y minorías. El acuerdo puede ser instado por el Ejecutivo local o por iniciativa propia del cuerpo. Lo relevante aquí es el consenso y la mirada hacia el fututo.
La oportunidad es inmejorable. A una semana de una elección que renovará ediles y legisladores provinciales, bien podría considerarse un compromiso público en el sentido propuesto. De lo contrario, siempre será más fácil mirar por el espejo retrovisor que hacer una introspección de la conducta propia. A esta altura, en plena emergencia sanitaria, ¿a quién puede interesarle si seis años es mucho o veinte años no es nada, como dice el tango? La verdad, sean tres y medio, seis o diez, es demasiado tiempo como para comenzar a hacernos cargo de una problemática tan medular.
Por si fuera poco, hoy día ya no cabe aquel latiguillo del "aislacionismo" de Bahía Blanca. Pruebas al canto: aun con un gobierno del mismo signo político al provincial y al nacional, lo cierto, real y concreto es que algunos barrios viven lo que daría en llamar la "conurbanización del agua". Ahora bien, visto desde otra óptica, es evidente que la insostenibilidad del sistema ha permanecido en el tiempo, no siendo óbice a ello que el servicio haya sido prestado por una empresa pública. Conclusión: el fracaso o éxito no depende de quién gestione el servicio, sino de su planificación, ejecución y control --preventivo y a posteriori--. No es una cuestión dogmática.
En efecto, el Marco Regulatorio de los Servicios de Aguas y Cloacas incorporó como principio rector, justamente a raíz del fracaso de la gestión privada de la empresa Azurix Buenos Aires S.A. (anterior a ABSA), el criterio de servicio sustentable, con la finalidad de hacer más eficiente la prestación del servicio.
Asimismo, definió a la prestación de un servicio sustentable en estos términos: "... cuando se logra equilibrar la oferta y demanda del mismo, donde la cobertura, calidad, inversiones, productividad y tarifas que reciben los usuarios en el presente y en el futuro responden a un equilibrio".
El criterio de la sustentabilidad del servicio es un principio rector sobre el cual --en teoría-- debió y debe cimentarse el Plan Director de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, en base a pautas generales establecidas por la autoridad regulatoria (Estado provincial). Todo ello, a efectos de elaborar el esquema de desarrollo del servicio, la definición de las políticas a adoptar y la estrategia a cumplir para alcanzar las metas y objetivos estatuidos en el Marco Regulatorio, teniendo en cuenta las particularidades de cada región de la provincia. Incluso más: la regulación garantizó las obras de expansión del servicio --conforme las bases establecidas en el Plan Director-- mediante un esquema tarifario que preveía la división del precio por la prestación del servicio en dos componentes: a) Tarifa de operación y mantenimiento y b) Tarifa de expansión. Sin embargo, hoy es una realidad la frustración de aquellas sanas intenciones del legislador. La gestión pública, así como la privada en su momento, no fueron eficaces y nos condujeron al presente.
Por último, permítase un enfoque desde la posición de usuario. El ciudadano común, aquel que es trabajador, comerciante, industrial, profesional o estudiante, no entiende de marcos regulatorios, contratos, adendas, concesiones, Planes Directores, pujas o rencillas políticas inconducentes --justamente aquellas que lo alejan de sus representantes--. Simplemente, pretende llegar a su casa y darse un baño de agua caliente, beber agua de red o lavar sus platos.
En ese mismo sentido, tutelando el ejercicio de su derecho al agua potable, la propia regulación introdujo un tema novedoso. En efecto, el Marco Regulatorio estableció --como novedad-- la imposibilidad de proceder al corte total y absoluto del servicio, con la intención de evitar riesgos sanitarios a los usuarios domiciliarios, debiendo siempre garantizarles un abastecimiento mínimo vital del servicio de provisión de agua potable.
Por tanto, la prioridad --hoy--, lo urgente, es cumplir lo establecido y asegurar el aprovisionamiento de agua a cada hogar que se vea afectado. En ese sentido, es imperioso que la empresa prestataria del servicio (ABSA), incluso con ayuda del municipio, haga entrega de agua "alternativa" a aquellos ciudadanos que vean restringido totalmente aquél.
La Entidad Prestadora está facultada a suspender temporalmente el servicio de agua potable cuando sea imprescindible para proceder al mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones a su cargo. Sin embargo, en tales circunstancias, deberán cumplirse dos condiciones indispensables: 1) Informar con suficiente antelación a los usuarios afectados; 2) Prever un servicio de abastecimiento de emergencia, si la interrupción fuera tan prolongada como para comprometer seriamente la disponibilidad de agua potable por parte de los usuarios.
Ninguna de las dos premisas se cumplió. Baste con leer la publicación de Aguas Bonaerenses S.A. del domingo pasado, donde la prestadora informa a la población: "Hay Agua. ABSA está suministrando el caudal histórico para su época".
Por tanto, siendo que "el agua ya llegó al río" --dicha publicación no merece comentarios--, sería auspicioso que se mostrasen signos de madurez en todos los actores --empresa prestadora, Estados provincial y municipal, entidades intermedias, etc.-- a los efectos de encontrar una solución en la emergencia, de coyuntura, pero que permita, a su vez, consensuar cuál es el camino en el largo plazo; sea el proyecto del río Colorado; del Bajo San José; el tratamiento de los líquidos cloacales o del agua salada del mar. Consensuarlo y ejecutarlo, claro está.
Desde la perspectiva que da el tiempo, luego de varios años de residir en la capital de nuestro país, hoy, al "volver" --como dice el tango--, encuentro muchos parecidos y algunos avances que hay que reconocer. La restauración y puesta en valor de edificios históricos, la nueva terminal de ómnibus --como hecho objetivo y sin juicio de valor respecto de sus costos-- y la remodelación del aeropuerto local son claros ejemplos de ello.
Sin embargo, aún no percibo una mirada con destino de grandeza. La falta de humildad hace que todo parezca ser fundacional cuando, en verdad, una ciudad y su historia -- como la vida misma-- se forjan generación tras generación.
Ojalá nos demos cuenta. Si así no lo hiciéramos, que la Patria nos lo demande.
Autor: Dr. Martín Salaberry; especialista en Economía de la Regulación de los Servicios Públicos y premio Latinlawyer Magazine año 2005.
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