PROFESIONALES, CONCEJALES. El "corralito urbano" sigue dando temas de confrontación
Tanto el desde el Concejo Deliberante como por parte de profesionales se exigen definiciones sobre el código de planeamiento urbano.
Profesionales de la construcción presentaron una demanda contra la Municipalidad, solicitando que defina la contradicción existente entre lo dictaminado oportunamente por la dirección Contralor de Obras Particulares y la secretaría Legal y Técnica, ambas oficinas municipales, acerca de cuál es el código de planeamiento urbano (CPU) que debe aplicarse a los proyectos presentados durante la vigencia del denominado "corralito urbano", fuera de la zona afectada por esa medida.
La presentación judicial coincide con un pedido de informes elevado por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Tunessi, al Departamento Ejecutivo, acerca de los retrasos y demoras que se siguen registrando en la aprobación de planos y la aplicación de las normativas a obras particulares; especialmente, edificios multifamiliares.
El denominado "corralito urbano" se comenzó a aplicar en diciembre de 2007 y por 90 días hábiles impidió el inicio de expedientes de construcción en los barrios Universitario y Napostá. Durante ese tiempo, se implementaron reformas al CPU que comenzaron a regir en abril de este año. A partir de allí, se generó un debate sobre cuál debe ser considerado el inicio formal de un expediente y cómo afectaba esta medida las obras ubicadas fuera del área en cuestión.
El reclamo de constructores, arquitectos e ingenieros (entre ellos, Samuel Milner, Aldo Braccini, Sergio Fernández, Leonardo Danussi, Gustavo Ayala Torales y Claudio Kestel) defiende la presentación del certificado de información catastral y urbanístico (CICU) como inicio formal del permiso de construcción, sistema válido desde 1985, según lo estableció la secretaría de Obras y Servicios Públicos. "Durante 23 años, los profesionales de la construcción hemos desarrollado nuestra actividad conforme a esa norma; es decir, presentando el CICU, el cual da origen al expediente de construcción y asigna el número correspondiente", señalan, en su escrito.
La controversia se genera porque el CICU significa que el proyecto debía adecuarse a la norma vigente al momento de su presentación. A partir de la entrada en vigencia del denominado "corralito urbano" (ordenanza Nº 14.563), la Municipalidad siguió recibiendo estos certificados, tanto para la zona del "corralito" como para las excluidas del mismo. Al entrar en vigencia el nuevo CPU, se generó una diferencia de opiniones sobre a cuáles obras afectaban estos cambios.
El cuestionamiento de los profesionales se centra, ahora, en la decisión emitida desde la secretaría Legal y Técnica, opuesta a la emitida, tres meses antes, por el área de Obras Particulares, indicando que "el CICU no será tenido en cuenta" como inicio del trámite, con lo cual tampoco se reconoce ese inicio a obras proyectadas en sectores ajenos al "corralito". "Esta resolución contradice la posición que, con buen criterio, había tomado Obras Particulares", señalan los demandantes.
A partir de esta situación, se generó un estado de "total y absoluta incertidumbre", cuando se indica que a todos los trámites se les aplicarán las disposiciones vigentes "al momento de la presentación de la documentación". En este punto, los demandantes no tienen dudas de que, desde 1985, esa "documentación" es encabezada por el CICU. "Por lo dicho, se ha generado un estado de total y absoluta incertidumbre, en especial en la presentación de los expedientes de construcción, lo que nos hace acudir a la justicia en busca de la certeza jurídica que necesitamos para trabajar, la cual exprese en forma clara y concreta cuál es la norma jurídica que rige", indican.
Por último, aseguran que la decisión de la secretaría Legal fue "sorpresiva e irrazonable", contraria al principio de "confianza legítima" que garantiza la "seguridad jurídica y buena fe", afectando a personas que adquirieron un lote en respuesta a una determinada potencialidad constructiva y que se verán perjudicadas económicamente.
Desde el Concejo, se pide agilidad
Desde el Concejo, se pide agilidad
En una minuta de comunicación, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Tunessi, solicitó al Ejecutivo información sobre las razones por las cuales "continúan registrándose retrasos en la aprobación de planos y en la aplicación de las normativas correspondientes a obras particulares", así como conocer la cantidad de expedientes de viviendas multifamiliares pendientes de aprobación, "cuyos CICU se hayan presentado durante la vigencia del "corralito" o con anterioridad al mismo"; incluso, fuera del radio fijado por la ordenanza.
También solicita al Ejecutivo que ratifique si se considera al CICU como un "precedente administrativo que dé inicio al trámite de aprobación de la obra", para determinar si el mismo concede derechos referidos al momento de su presentación. Tunessi indica que negarle, como se resolvió desde la secretaría Legal y Técnica, "todo valor de acto administrativo" pone al municipio en una situación de "vulnerabilidad jurídica", al tiempo de complicar toda operatoria, "con grave daño a la inversión y al empleo".
Por último, el concejal radical señaló la necesidad de destrabar esta situación, "en un momento tan complejo para el empleo y la actividad económica de la ciudad".
