BARRIO UNIVERSITARIO. El CD, ámbito para el debate por un edificio. Ediles afirman que las ordenanzas son claras y que el Ejecutivo deberá definir si la construcción que se lleva a cabo en Alvarado al 1100 continúa o no.
Concejales oficialistas y opositores de la comisión de Planeamiento Urbano se reunieron ayer con inversores que reclaman la continuidad de la construcción de un edificio en Alvarado al 1100 y con vecinos de esa cuadra, que pretenden que no se realice la obra hasta que no se les asegure el buen funcionamiento de los servicios públicos, básicamente, de agua y cloacas.
El proyecto en cuestión alcanzó su punto máximo de controversia en las últimas semanas, principalmente, a partir de que subsecretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Rubén Lascano, suspendiera la demolición del inmueble que ocupa el lote donde se pretende elevar la estructura de diez pisos, atento a una ordenanza recientemente aprobada por el CD, por la que se suspenden premios a la construcción.
Según los inversores y los concejales, la norma entró en vigencia posteriormente a los permisos otorgados para la demolición, por lo que el proyecto no debió ser alcanzado por la misma ni debió interrumpirse su ejecución.
Pero los vecinos de la citada cuadra no reclaman que se suspenda la construcción del edificio porque está en vigencia la ordenanza que suspende los premios a la construcción, sino porque "la factibilidad otorgada por ABSA respecto del servicio de cloacas y agua potable es ficticia, ya que no se ajusta a la realidad".
Los habitantes del sector manifiestan que si bien la prestataria le exige a los inversores una obra de ampliación de la red, esta no mejora el caudal, habida cuenta que se ve automáticamente limitada por las redes aledañas.
"No hay que medir sólo el ancho de un caño sino el agua que verdaderamente corre y la capacidad del resto de la red", expresaron los vecinos.
Los concejales advirtieron a los dos grupos que suspender o dar continuidad a la obra no es resorte del cuerpo deliberativo sino del Ejecutivo municipal.
Más allá de estas expresiones, los inversores se reunirán hoy con los ediles que integran la comisión de Asuntos Legales.
Ricardo Delfino, administrador del fideicomiso, dijo que el objetivo de las reuniones es brindar la mayor información posible a los concejales y funcionarios "para que tomen la decisión más responsable sobre nuestro expediente".
David San Juan, uno de los inversores, destacó que algunos de los que conformaron el fondo fiduciario son vecinos del barrio Universitario.
"Este proyecto tiene todas las factibilidades técnicas de servicios. Inclusive, por exigencia de ABSA, este fideicomiso compuesto por vecinos de Bahía Blanca y no por potentados, va a pagar una obra de agua que beneficiará a toda la cuadra", subrayó.
En cuanto a la suspensión de la demolición, comentó que "todos los concejales tienen en claro que la nueva ordenanza no es aplicable a este proyecto", en contraposición a la expresado por Lascano.
"Además, la Municipalidad cobró los derechos de construcción y autorizó la demolición de la casa, que luego suspendió el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, sin ninguna razón técnica sino política", señaló.
En contrapartida, María del Carmen Consoli, vecina de Alvarado al 1100, damnificada por los problemas en los servicios públicos, consideró que ABSA no sincera los inconvenientes y sigue otorgando certificados de factibilidad.
"No se puede construir ningún edificio en ese barrio, porque no hay infraestructura. Según la ley, ABSA aprueba las obras de edificios, pero los vecinos vemos que el sistema está colapsado y no puede venir más gente a vivir al sector. Sabemos que ABSA no va a arreglar en el corto o mediano plazo estos problemas, por lo que hay que parar con la construcción de edificios. Queremos que el edificio de Alvarado al 1100 no se construya", reclamó.
Asimismo, afirmó que la industria de la construcción debe desarrollarse en zonas donde no perjudique la calidad de vida de las personas. Comentó, además, que existe un estudio de la Universidad Nacional del Sur, realizado en 2003, que da cuenta de la falta de infraestructura en el barrio.
"Los concejales nos dijeron que ellos no tuvieron nada que ver con la decisión de detener la demolición del inmueble para construir el edificio, por eso le tenemos que agradecer la medida al intendente. Esperemos que siga firme en su postura e impida esta construcción hasta que no se solucionen los problemas en los servicios", dijo Cónsoli.
Alberto Méndez agregó que anteayer rebalsaban las cloacas en varias esquinas del barrio Universitario, debido a que funcionan al límite y las lluvias terminan por desbordarlas.
Concejales oficialistas y opositores de la comisión de Planeamiento Urbano se reunieron ayer con inversores que reclaman la continuidad de la construcción de un edificio en Alvarado al 1100 y con vecinos de esa cuadra, que pretenden que no se realice la obra hasta que no se les asegure el buen funcionamiento de los servicios públicos, básicamente, de agua y cloacas.
El proyecto en cuestión alcanzó su punto máximo de controversia en las últimas semanas, principalmente, a partir de que subsecretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Rubén Lascano, suspendiera la demolición del inmueble que ocupa el lote donde se pretende elevar la estructura de diez pisos, atento a una ordenanza recientemente aprobada por el CD, por la que se suspenden premios a la construcción.
Según los inversores y los concejales, la norma entró en vigencia posteriormente a los permisos otorgados para la demolición, por lo que el proyecto no debió ser alcanzado por la misma ni debió interrumpirse su ejecución.
Pero los vecinos de la citada cuadra no reclaman que se suspenda la construcción del edificio porque está en vigencia la ordenanza que suspende los premios a la construcción, sino porque "la factibilidad otorgada por ABSA respecto del servicio de cloacas y agua potable es ficticia, ya que no se ajusta a la realidad".
Los habitantes del sector manifiestan que si bien la prestataria le exige a los inversores una obra de ampliación de la red, esta no mejora el caudal, habida cuenta que se ve automáticamente limitada por las redes aledañas.
"No hay que medir sólo el ancho de un caño sino el agua que verdaderamente corre y la capacidad del resto de la red", expresaron los vecinos.
Los concejales advirtieron a los dos grupos que suspender o dar continuidad a la obra no es resorte del cuerpo deliberativo sino del Ejecutivo municipal.
Más allá de estas expresiones, los inversores se reunirán hoy con los ediles que integran la comisión de Asuntos Legales.
Ricardo Delfino, administrador del fideicomiso, dijo que el objetivo de las reuniones es brindar la mayor información posible a los concejales y funcionarios "para que tomen la decisión más responsable sobre nuestro expediente".
David San Juan, uno de los inversores, destacó que algunos de los que conformaron el fondo fiduciario son vecinos del barrio Universitario.
"Este proyecto tiene todas las factibilidades técnicas de servicios. Inclusive, por exigencia de ABSA, este fideicomiso compuesto por vecinos de Bahía Blanca y no por potentados, va a pagar una obra de agua que beneficiará a toda la cuadra", subrayó.
En cuanto a la suspensión de la demolición, comentó que "todos los concejales tienen en claro que la nueva ordenanza no es aplicable a este proyecto", en contraposición a la expresado por Lascano.
"Además, la Municipalidad cobró los derechos de construcción y autorizó la demolición de la casa, que luego suspendió el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, sin ninguna razón técnica sino política", señaló.
En contrapartida, María del Carmen Consoli, vecina de Alvarado al 1100, damnificada por los problemas en los servicios públicos, consideró que ABSA no sincera los inconvenientes y sigue otorgando certificados de factibilidad.
"No se puede construir ningún edificio en ese barrio, porque no hay infraestructura. Según la ley, ABSA aprueba las obras de edificios, pero los vecinos vemos que el sistema está colapsado y no puede venir más gente a vivir al sector. Sabemos que ABSA no va a arreglar en el corto o mediano plazo estos problemas, por lo que hay que parar con la construcción de edificios. Queremos que el edificio de Alvarado al 1100 no se construya", reclamó.
Asimismo, afirmó que la industria de la construcción debe desarrollarse en zonas donde no perjudique la calidad de vida de las personas. Comentó, además, que existe un estudio de la Universidad Nacional del Sur, realizado en 2003, que da cuenta de la falta de infraestructura en el barrio.
"Los concejales nos dijeron que ellos no tuvieron nada que ver con la decisión de detener la demolición del inmueble para construir el edificio, por eso le tenemos que agradecer la medida al intendente. Esperemos que siga firme en su postura e impida esta construcción hasta que no se solucionen los problemas en los servicios", dijo Cónsoli.
Alberto Méndez agregó que anteayer rebalsaban las cloacas en varias esquinas del barrio Universitario, debido a que funcionan al límite y las lluvias terminan por desbordarlas.
